Juan Ignacio Díez revela cómo cotizar sin empleo activo mediante un convenio especial con la Seguridad Social

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Perder el empleo cuando la jubilación está próxima puede afectar gravemente el importe de la pensión que se recibirá. La clave no reside únicamente en la edad, sino en los años cotizados y en las bases sobre las que se ha cotizado. Según el especialista en derecho laboral Juan Ignacio Díez, existe un mecanismo legal que permite seguir sumando cotización a la seguridad social incluso sin estar trabajando: la suscripción a un convenio especial.

Qué es y cómo funciona el convenio especial

Este convenio es un acuerdo voluntario mediante el cual el propio trabajador paga sus cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social, como si fuera la empresa que cotiza por él. Díez lo describe como un “truco legal para continuar cotizando sin tener un trabajo activo”.

En esencia, cuando no hay un empleador que haga las aportaciones, la persona asume el pago íntegro para no interrumpir su historial de cotización. Esto se traduce en la posibilidad de sumar años y bases de cotización que pueden incrementar la cuantía futura de la pensión, ya sea por jubilación o por incapacidades permanentes que requieran evaluación contributiva.

Costes asociados y ejemplos prácticos

El pago mensual se calcula aplicando aproximadamente un 30% sobre la base reguladora elegida. Por ejemplo, si se opta por una base de cotización de 1.500 euros, el importe a abonar sería alrededor de 500 euros al mes. Es importante entender que estos costes representan una inversión en seguridad laboral para el futuro.

Díez subraya que “esta fórmula permite ampliar la vida laboral cotizada para cuando llegue el momento de solicitar la jubilación o una incapacidad”.

¿Quién puede beneficiarse del convenio especial?

Este sistema está orientado especialmente a cubrir lagunas de cotización que podrían perjudicar el acceso o la cuantía de la pensión. Un caso muy común son las personas que no reúnen los 15 años mínimos requeridos para su pensión contributiva. Por ejemplo, alguien que haya acumulado cerca de 14 años y medio de cotización y no logra encontrar empleo podría recurrir a este convenio para completar ese tiempo faltante.

Otros perfiles que pueden sacar partido de este mecanismo son:

  • Trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y están próximos a la jubilación.
  • Personas con incapacidad permanente total que desean seguir cotizando para mejorar su futura pensión.
  • Quienes hayan causado baja voluntaria y no quieran perjudicar su derecho a una pensión.
  • Cuidadores no profesionales de personas dependientes, quienes disponen de una modalidad específica para adherirse al convenio.

El experto aconseja valorar esta decisión adecuadamente, ya que no se trata de una ayuda gratuita, sino de un costo que debe compararse con el potencial beneficio futuro.

Requisitos, plazos y cómo solicitarlo

Para acogerse al convenio especial, es requisito indispensable haber cotizado al menos 1.080 días —equivalentes a tres años— durante los 12 años inmediatamente previos a la baja en el sistema de Seguridad Social.

Además, la solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a la fecha en que se dejó de cotizar. En caso de realizar la gestión en los primeros 90 días, la Seguridad Social puede aplicar la cotización de forma retroactiva desde el momento del cese.

El trámite se inicia con la entrega del modelo oficial TA-0040, que sirve tanto para altas, bajas o modificaciones del convenio. La presentación puede realizarse presencialmente en cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social o, preferiblemente, de forma telemática mediante certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste mensual dependerá de la base elegida para cotizar, siendo la cuota mínima aproximadamente 255 euros y pudiendo superar los 1.300 euros si se opta por la base máxima.

Reflexión económica sobre esta opción

Continuar cotizando sin ejercer una actividad profesional es una vía legítima y posible, pero no exenta de un coste económico significativo. Por ello, es vital que cada persona evalúe su situación financiera y laboral para decidir si esta inversión a corto plazo puede traducirse en una mejora sustancial de la pensión futura.

Este recurso es especialmente útil para quienes se encuentran en una fase de transición, lamentan interrupciones en su cotización o desean asegurarse una mejor base para su jubilación, evitando que los episodios de desempleo afecten sus derechos.

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