La capacidad de las infraestructuras eléctricas en España no está avanzando al ritmo necesario, lo que ha motivado una nueva advertencia por parte de la Comisión Europea. Bruselas insta al país a acelerar las inversiones en redes eléctricas, sistemas de almacenamiento y conexiones internacionales para evitar crisis que comprometan la competitividad, provoquen apagones y encarezcan las facturas de los consumidores.
En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión ha recomendado con carácter urgente que España abandone progresivamente el denominado modo de operación reforzada de la red eléctrica. Este mecanismo, destinado originalmente a garantizar la estabilidad del sistema en situaciones excepcionales, se está utilizando con frecuencia creciente, generando impactos económicos considerables y aumentando la dependencia de tecnologías basadas en combustibles fósiles.
Dependencia persistente de los ciclos combinados
El modo de operación reforzada obliga a recurrir habitualmente a centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural para mantener parámetros técnicos esenciales, principalmente la estabilidad de tensión en la red. Aunque esta medida contribuye a asegurar el suministro, resulta contraproducente en un momento en el que la Unión Europea impulsa con fuerza la descarbonización y la reducción de la dependencia energética exterior.
Tras el gran apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, se impulsaron varias acciones correctoras basadas en informes técnicos de los organismos europeos responsables de la supervisión de redes eléctricas. Sin embargo, las instituciones comunitarias consideran que estos ajustes solo abordan parcialmente el problema y que se requieren reformas estructurales más profundas.
El objetivo final es lograr un sistema eléctrico que funcione con normalidad, apoyándose en mayor capacidad de red y almacenamiento para limitar la necesidad de mecanismos extraordinarios.
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El crecimiento renovable supera la capacidad de la red
La Comisión ha detectado un desequilibrio significativo entre la rápida expansión de la generación renovable, especialmente solar y eólica, y la capacidad de las infraestructuras para integrar esa energía. España lidera en Europa en potencia instalada renovable, pero numerosos proyectos se ven frenados por limitaciones técnicas, congestión de la red y retrasos administrativos.
Esta situación afecta no solo a nuevos desarrollos energéticos sino también a proyectos industriales que precisan acceso a electricidad para operar. Según el análisis comunitario, las redes de transporte y distribución requieren una profunda modernización para adaptarse al papel creciente que la electricidad tendrá en movilidad, climatización e industria.
Almacenamiento: un desafío pendiente
Otro reto vital señalado por Bruselas es el almacenamiento energético, imprescindible para maximizar el aprovechamiento de la energía renovable y equilibrar generación y consumo.
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Cuando se produce un excedente de electricidad solar o eólica, la capacidad de almacenarla mediante baterías u otras tecnologías permite utilizar esa energía cuando la demanda es mayor. Actualmente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla alcanzar 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento para 2030, pero a comienzos de 2026 solo se disponía de aproximadamente 8 gigavatios instalados o comprometidos.
Bruselas insiste en que acelerar el despliegue del almacenamiento es clave para reducir limitaciones, evitar pérdidas de energía renovable y reforzar la estabilidad de la red.
Impacto económico y competitividad en la mira
Más allá de las cuestiones técnicas, la Comisión Europea subraya la dimensión económica del problema. El prolongado uso del modo de operación reforzada acarrea costes adicionales que, según estimaciones sectoriales, alcanzan alrededor de 2.300 millones de euros solo durante los primeros meses de 2026.
Estos gastos acaban repercutiendo en hogares, empresas e industrias con altas demandas energéticas, en un momento en el que la competitividad energética es estratégica para la economía europea. La preocupación es especialmente alta en sectores industriales que compiten en mercados internacionales, donde un notable aumento de la factura eléctrica puede traducirse en desventaja competitiva frente a otros países.
Fiscalidad energética y precios al consumidor
El informe europeo también analiza la estructura fiscal aplicada a la energía en España. Aunque no propone modificaciones específicas, Bruselas observa que la diferencia entre los precios mayoristas de electricidad en España y la media comunitaria no siempre se refleja completamente en el coste final para los consumidores.
En este contexto, el llamado a la acción es claro: España debe acelerar las reformas y las inversiones en infraestructuras eléctricas para garantizar un suministro fiable, un sistema más sostenible y precios energéticos más justos.
