España ha alcanzado cifras históricas en empleo, con más de 21,8 millones de ocupados según la Encuesta de Población Activa de 2025, que el Gobierno ha destacado como símbolo de la robustez del mercado laboral. En el cuarto trimestre, esa cifra incluso se elevó a 22.463.300 trabajadores.
No obstante, este dato positivo oculta una realidad preocupante: la tasa de actividad del país permanece alrededor del 58%, lo que indica que una parte significativa de la población en edad de trabajar está fuera del mercado laboral. Al considerar la totalidad de la población, incluyendo jubilados, estudiantes, menores de edad, desempleados e inactivos, el porcentaje de personas realmente empleadas se reduce drásticamente.
Un sistema que ya muestra fisuras
Leticia Poole, economista y doctora en Ciencias Económicas especializada en política fiscal, analizó esta problemática en el pódcast TruthTime Project, con foco en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su diagnóstico es contundente: el sistema de pensiones «ya ha explotado», debido a que una parte creciente se financia con deuda pública en lugar de por cotizaciones directas.
El sistema español de pensiones funciona bajo un modelo de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones vigentes. Este esquema es viable mientras haya suficiente población activa y un crecimiento razonable de cotizantes. Sin embargo, los cambios demográficos ponen en riesgo este equilibrio.
España enfrenta un panorama demográfico adverso: una población envejecida, baja tasa de natalidad y una tasa de actividad laboral inferior a la media europea. En sus palabras, «en España solo el 37% de la población está trabajando», lo que describe como «un país muy grande sostenido por muy pocos».
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Más allá del récord de empleo: retos fiscales y demográficos
El creciente gasto en pensiones es una preocupación clave para las finanzas públicas. La Seguridad Social depende cada vez más del apoyo estatal para cubrir sus pagos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que, aunque la regla de gasto en pensiones se cumple formalmente, la sostenibilidad a largo plazo no está garantizada. Bajo un escenario de políticas constantes, proyecta una deuda pública del 123% del PIB para 2050.
Poole va más allá y señala que, si se contabilizaran todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería mucho mayor que el que muestran las cifras oficiales. En definitiva, el sistema está sosteniéndose mediante el crédito y trasladando la carga a las generaciones venideras.
Este contexto plantea un dilema mayor: no se trata solo de pagar las pensiones actuales, sino de cómo afectará esto el margen fiscal futuro para financiar otros servicios básicos como sanidad, dependencia, educación o inversión pública.
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La presión fiscal y el esfuerzo real del trabajador
Leticia Poole también destaca que muchos trabajadores no perciben el coste total que supone su empleo debido a que una parte importante de impuestos y cotizaciones se deduce directamente de la nómina y no es evidente para el asalariado.
En España, la presión fiscal es relativamente alta para los niveles salariales que predominan en el país, lo que significa que, aunque en comparación con otros países europeos el tipo impositivo pueda parecer similar, el impacto en el ahorro, el consumo y las condiciones básicas de las familias es mayor dado el menor poder adquisitivo promedio.
Incentivos laborales y el papel de las ayudas sociales
La economista también pone énfasis en que algunas ayudas sociales pueden generar incentivos poco efectivos para la incorporación al mercado laboral. La cuestión no se reduce solo al coste del gasto público, sino a un equilibrio necesario entre proteger a los más vulnerables y fomentar el empleo.
El núcleo del problema: la demografía
La baja natalidad y el aumento de la población envejecida configuran el mayor desafío estructural. Menos nacimientos significan menos trabajadores en el futuro, lo que tensiona un sistema de pensiones y de protección social que depende de las cotizaciones de la población activa presente.
En suma, aunque las cifras récord de empleo supongan una buena noticia a corto plazo, la pregunta crucial sigue siendo cuántas personas trabajan realmente, cuánto cotizan y hasta cuándo podrán sostener un sistema público con un gasto creciente condicionado por la demografía y las pensiones.
