La estabilidad laboral que prometen los contratos indefinidos en España se ha visto erosionada tras la entrada en vigor de la reforma laboral que restringió la contratación temporal. En respuesta a esta norma, las empresas han modificado su estrategia de contratación apostando por un auge en la formalización de contratos fijos. No obstante, este incremento estadístico oculta un fenómeno preocupante: la rotación laboral se produce mayormente en el inicio de la relación, mediante un alarmante aumento de las bajas durante el periodo de prueba.
De acuerdo con un balance realizado por UGT y datos cruzados con la Seguridad Social, las bajas justificadas por no superar este periodo se han multiplicado casi por cinco en los últimos años. Mientras que en 2019 apenas se registraron 5.900 ceses, para 2025 esa cifra se ha elevado a más de 31.600 extinciones. En términos relativos, estas bajas aún representan una proporción limitada del total de contratos indefinidos, pero estudios publicados por elEconomista.es apuntan a un incremento del 864% de estas bajas en contratos del régimen general fijos, concentrándose especialmente en actividades de servicios y hostelería.
Este espectacular incremento no responde a un repentino descenso en la competencia de los trabajadores, sino a un uso estratégico del periodo de prueba por parte de las empresas. La legislación laboral permite que durante esta etapa, que puede durar entre dos y seis meses dependiendo del convenio y la titulación del empleado, cualquiera de las partes pueda dar por finalizado el contrato sin justificación ni preaviso y, lo más importante, sin abonar indemnización.
Así, lo que antes se resolvía con contratos temporales para picos de trabajo estacionales, ahora se camufla bajo contratos indefinidos que terminan abruptamente en apenas dos meses argumentando que el empleado «no encaja» en la plantilla. Esta práctica reduce significativamente la responsabilidad empresarial en la terminación de relaciones laborales, convirtiendo a los contratos indefinidos en despidos de bajo coste.
Sin embargo, esta utilización indiscriminada del periodo de prueba ha despertado la atención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que ha iniciado campañas de fiscalización cruzando altas y bajas para detectar un posible fraude de ley. Según informes como el de la consultora SuperContable, cuando se identifican puestos que se ocupan de forma rotativa mediante sucesivos ceses en periodo de prueba, se considera que la extinción no se ajusta a derecho y se califica como despido improcedente. En estos casos, las empresas pueden enfrentar sanciones económicas que varían entre 751 y 7.500 euros por contrato, lo que supone un golpe económico que desincentiva la práctica abusiva.
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La justicia también está tomando cartas en el asunto. Sentencias recientes de Tribunales Superiores de Justicia como los de Castilla-La Mancha y Cantabria han declarado nulos -más allá de improcedentes- los despidos durante el periodo de prueba coincidiendo sospechosamente con bajas médicas del trabajador. Esto implica que los afectados deben ser readmitidos de inmediato y recibir el abono de los salarios dejados de percibir. La base jurídica para estos fallos es el régimen de nulidad objetiva introducido por la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y no discriminación, que protege derechos fundamentales de los empleados.
En la actualidad, las estadísticas oficiales seguirán mostrando máximos históricos en contratación indefinida, pero el creciente abuso del periodo de prueba para sortear indemnizaciones preocupa a sindicatos que ya exigen reformas legales. Entre las propuestas figura limitar la duración máxima del periodo de prueba y exigir a las pequeñas y medianas empresas una justificación documental rigurosa para ceses durante esta etapa.
Queda pendiente saber si el Ministerio de Trabajo y Economía Social se atreverá a regular esta práctica, considerada actualmente como el último gran mecanismo de flexibilidad empresarial para contratar y despedir sin coste. Los próximos meses serán decisivos para definir el equilibrio entre flexibilidad y estabilidad en el mercado laboral español.
