España enfrenta un desafío económico creciente debido al aumento del gasto en pensiones, un problema que se agrava con la jubilación progresiva de la generación del baby boom. Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y experto en pensiones, describe un escenario preocupante para el futuro del sistema público.
Según Devesa, la nómina mensual de las pensiones contributivas ha alcanzado recientemente los 14.272,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% en comparación con el año anterior. Este gasto, lejos de estabilizarse, continúa creciendo debido al aumento del número de pensionistas y la revalorización de las prestaciones. En sólo una década, la factura de las pensiones se ha disparado un 68%, y la gran masa de baby boomers aún está por jubilarse, presionando aún más al sistema.
Déficit estructural alarmante
Uno de los principales problemas identificados por Devesa es el déficit estructural de la Seguridad Social, que calcula en torno a 30.000 millones de euros, cifra que aumentaría hasta 50.000 millones al considerar también a las clases pasivas y los complementos mínimos. Estimaciones aún más pesimistas, como las de Fedea, señalan que sin las transferencias estatales, el déficit del sistema podría haber rozado los 69.800 millones el pasado año.
Este desequilibrio significa que las cotizaciones sociales ya no cubren por sí solas las obligaciones del sistema, resultando imprescindible el apoyo constante del Estado, cuyas aportaciones equivalen a casi cuatro puntos del PIB español.
Un reparto de recursos cada vez más complicado
El economista destaca la necesidad de reconocer que los recursos públicos son limitados y que destinarlos a un ámbito reduce lo disponible para otro. “No podemos dedicarle tanto a sanidad y tanto a la dependencia al mismo tiempo”, subraya Devesa, enfatizando la importancia de una distribución eficiente de los fondos públicos.
Para afrontar la creciente presión financiera derivada del envejecimiento poblacional y la prolongación de la esperanza de vida, será necesario aumentar las transferencias para sostener el sistema de pensiones, al tiempo que se valoran otras fuentes de ingresos para la jubilación.
La urgencia de diversificar el ahorro personal
Ante el panorama incierto, la confianza de los ciudadanos en la pensión pública disminuye. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, señala que muchas personas dudan de que recibirán una pensión suficiente para mantener su nivel de vida.
Por ello, Devesa recomienda no confiar exclusivamente en la pensión pública. Prevé una reducción gradual de la tasa de sustitución –es decir, la proporción entre la pensión inicial y el último salario– en un horizonte de entre 8 y 15 años. Para compensar esta disminución, aconseja fomentar el ahorro complementario mediante planes de pensiones, fondos de inversión o incluso Letras del Tesoro, adaptando la elección al perfil de riesgo, la edad y la capacidad de ahorro de cada individuo.
Comenzar a ahorrar cuanto antes
Según Devesa, el factor más determinante no es sólo cuánto se ahorra, sino cuándo se empieza a hacerlo. “Lo importante es comenzar a ahorrar desde que uno inicia su vida laboral, aunque sea con cantidades pequeñas”, señala. Una acumulación prolongada permite crear un colchón financiero que potencie la capacidad económica tras el retiro.
La realidad española: casi la mitad no ahorra para la jubilación
Un problema añadido es que el 49% de los españoles no dispone de un ahorro específico para la jubilación, cifra que supera en nueve puntos la media europea, según la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones de Insurance Europe. De ese grupo, más de la mitad tiene la intención de comenzar a ahorrar, pero se enfrenta a obstáculos como la falta de recursos o desconocimiento para elegir productos adecuados.
Además, la confianza en la pensión pública es baja: únicamente un 13% cree que podrá mantener su nivel de vida con la prestación que recibirá. La participación en planes de pensiones es reducida. Sólo el 25% cuenta con un plan individual y alrededor del 15% está inscrito en un plan de empresa, cifras bastante por debajo del promedio europeo.
Este escenario pone en evidencia la urgencia de políticas que promuevan y faciliten el ahorro a largo plazo, así como una gestión más eficiente de los recursos públicos para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones de pensionistas.