El envejecimiento poblacional avanza sin pausa en el mundo, no sólo en España o Europa, sino en prácticamente todas las sociedades desarrolladas. Esta tendencia impone una enorme presión sobre los sistemas públicos de pensiones, que se enfrentan al reto de sostener sus finanzas ante un aumento constante de jubilados.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para 2050 habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años en sus países miembros. Esta cifra se compara con 33 en 2025 y apenas 22 en el año 2000, lo que evidencia la rapidez con la que está cambiando la pirámide poblacional. El incremento de la esperanza de vida, unido a un descenso en la natalidad y a un mayor número de jubilados, obliga a que cada vez menos trabajadores sostengan económicamente a más pensionistas.
Frente a este escenario, Scott Galloway, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha planteado una controvertida propuesta para el sistema de pensiones públicas. En una charla difundida en Youtube, Galloway cuestiona el derecho de los jubilados con patrimonios o ingresos elevados a cobrar pensiones públicas, argumentando que la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los jubilados ricos perjudica el progreso económico y social.
Un análisis generacional crítico
Galloway sostiene que los actuales jubilados pertenecen a una generación que ha acumulado una riqueza sin precedentes, mientras que las generaciones jóvenes afrontan dificultades crecientes para construir su propio patrimonio. Aunque su análisis se centra en Estados Unidos, la realidad puede extrapolarse a otros países como España, donde el debate sobre la brecha económica entre generaciones es cada vez más intenso.
El experto califica el traspaso de riqueza de la población activa hacia los jubilados como un obstáculo para el ahorro y la acumulación de capital de las generaciones más jóvenes, afectando negativamente su capacidad de progreso. Por ello, propone no solo modificar las cuantías de las pensiones, sino estudiar la suspensión total de estas prestaciones públicas para quienes superen un determinado umbral patrimonial o de ingresos.
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¿Quiénes dejarían de recibir pensiones públicas?
Según las estimaciones de Galloway, entre un 10% y un 30% de los actuales pensionistas podrían contar con recursos económicos suficientes como para no depender de la pensión pública. Esta medida implicaría introducir un criterio de capacidad económica dentro de un sistema que tradicionalmente condiciona las prestaciones en función de las aportaciones hechas durante la vida laboral, y no de la situación patrimonial del jubilado.
Las barreras para el patrimonio de los jóvenes
El punto central de la crítica de Galloway es el impacto que el actual modelo tiene sobre las generaciones emergentes, quienes deben dedicar una parte importante de sus ingresos a sostener las pensiones mientras enfrentan dificultades para ahorrar, sobre todo por el elevado coste de la vivienda. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, comprar una casa requiere una importante cantidad de ahorro previo, asumir precios elevados y comprometerse durante décadas con el pago de una hipoteca. Incluso quienes optan por el alquiler destinan gran parte de sus ingresos mensuales al gasto en vivienda.
Además, los jóvenes se ven obligados a reservar ahorros para su futura jubilación en un panorama demográfico cada vez más exigente, lo que limita su capacidad de inversión y acumulación de riqueza.
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Un equilibrio financiero cada vez más frágil
Los sistemas de reparto dependen de las cotizaciones de los trabajadores activos para financiar las pensiones de los jubilados. Sin embargo, la proporción entre trabajadores y pensionistas está empeorando debido a la baja natalidad y al aumento en la esperanza de vida, que prolonga el periodo durante el cual se perciben prestaciones.
Esta dinámica se repite tanto en España como en Estados Unidos y otros países, lo que dificulta la sostenibilidad financiera del sistema. Galloway aboga por una reforma profunda que evite que los recursos públicos incrementen el patrimonio de quienes ya cuentan con una sólida posición económica.
No obstante, queda la gran cuestión de si algún gobierno estaría dispuesto a implementar una medida tan polémica y potencialmente impopular como retirarle la pensión pública a jubilados adinerados.
