En Tasmania, Australia, una mujer de 65 años no encuentra empleo desde hace tres años. Técnica de biblioteca titulada, lleva tiempo enviando solicitudes y participando en procesos de selección sin éxito. Necesita esperar hasta los 67 años para poder cobrar su pensión de jubilación, pero asegura que las empresas descartan a los mayores por su edad, un problema creciente en los mercados laborales que además pronto se trasladará a España.
Actualmente, tanto Australia como España (a partir de 2027) han situado la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación en los 67 años. Esto crea un período difícil que dura alrededor de dos años, en el que quienes han perdido su empleo o no encuentran uno nuevo, están en una suerte de limbo laboral: no trabajan ni perciben la pensión.
La protagonista de esta historia ha trabajado durante décadas y nunca había tenido problemas para encontrar ocupación, pero ahora las negativas son constantes y cada rechazo afecta a su confianza. Según relató en el medio ABC News, la única diferencia es su edad, 65 años, que se ha convertido en un obstáculo.
En los últimos años ha tenido que utilizar sus ahorros destinados a la jubilación para cubrir gastos de vivienda y otras necesidades básicas, reduciendo así el colchón financiero planeado para su vejez. Ha tenido que trabajar en turnos ocasionales como vigilante de seguridad y ha realizado formación para acceder a un puesto en un departamento gubernamental, sin conseguir resultados positivos. La hipoteca y el costo de vida actual minan sus recursos, aumentando la incertidumbre.
En España, la reforma de la Seguridad Social aprobada hace más de una década, que entrará en vigor en 2027, eleva la edad legal de jubilación a los 67 años para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y medio, quienes podrán retirarse a los 65. Sin embargo, el mercado laboral no acompaña a los trabajadores mayores: un 20 % de los mayores de 55 años afirman haber sufrido discriminación por edad, y dentro de ellos, un 60 % la relaciona con el ámbito laboral.
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El hecho de que cada vez haya más jubilados trabajando —la llamada jubilación híbrida— responde a una necesidad económica más que a voluntad; la reentrada en el mercado laboral de quienes ya deberían estar jubilados es una tendencia en aumento que refleja las dificultades planteadas por la combinación del sistema de pensiones y el mercado laboral.
En el caso australiano, el sistema requiere que quienes no alcancen ingresos mínimos mediante trabajo puedan recibir una prestación, pero para mantenerla deben demostrar activa búsqueda de empleo, que incluye presentar varias solicitudes mensuales. En localidades pequeñas, como la de esta mujer en Tasmania, esto resulta complicado, y en junio apenas pudo encontrar dos ofertas que encajaran con su perfil. Además, las autoridades la reprendieron y amenazaron con sancionarla por no cumplir con los requisitos de búsqueda, una penalización que añade presión a su difícil situación.
La demandante únicamente solicita que se valoren la experiencia y estabilidad que aportan los trabajadores de mayor edad. Defiende que ofrecen una gran fiabilidad y conocimientos prácticos adquiridos durante años, aspectos que deberían ser apreciados por los empleadores. Su caso, aunque australiano, es un espejo de los retos que pronto enfrentará en España una parte creciente de la población activa.
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El dilema no es solo la edad en sí, sino la incompatibilidad entre el mercado laboral actual y el sistema de pensiones, que fija una edad de jubilación más alta. Desde 2027, en España, quienes tengan 65 años pero no cumplan el periodo de cotización exigido (38 años y 6 meses) deberán seguir trabajando hasta los 67 para acceder a la pensión ordinaria, salvo que se acojan a supuestos especiales contemplados en la normativa.
