El envejecimiento demográfico se agrava a nivel mundial, afectando igualmente a países desarrollados como España y gran parte de Europa. Esta tendencia provoca una creciente presión sobre los sistemas públicos de pensiones, que se enfrentan al desafío de sostener a un número cada vez mayor de jubilados con recursos proporcionales cada vez menores de trabajadores activos.
Las previsiones demográficas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejan claramente este desequilibrio: en 2050 habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad laboral (de 20 a 64 años) en los países miembros. Para ponerlo en perspectiva, en 2025 la ratio estimada será de 33, y en el año 2000 apenas alcanzaba las 22 personas mayores por cada 100 trabajadores.
El incremento de la esperanza de vida, junto a una natalidad en descenso, implica que los sistemas públicos deben distribuir los recursos de manera más intensa entre una base activa cada vez más reducida en términos proporcionales.
En este contexto, el profesor Scott Galloway, reconocido académico de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha replanteado con contundencia el sistema público de pensiones. En una reciente conferencia difundida en YouTube, Galloway puso en cuestión el derecho automático a cobrar una pensión pública para aquellos jubilados con ingresos y patrimonio elevados, proponiendo una limitación basada en el nivel económico de los beneficiarios.
Cuestionando la transferencia intergeneracional de riqueza
La reflexión de Galloway parte de una observación sobre la desigualdad generacional: señala que la generación de los actuales jubilados es la que ha acumulado mayores niveles de riqueza en la historia reciente, en contraste con los jóvenes que actualmente enfrentan considerables dificultades para construir su propio patrimonio.
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Aunque esta visión está inspirada en la realidad estadounidense, el análisis podría extrapolarse con facilidad a España y otras economías avanzadas, donde el debate sobre el conflicto económico intergeneracional está muy vigente.
El experto acusa que la actual transferencia de riqueza desde los trabajadores a los jubilados constituye un obstáculo para el progreso social y económico, pues reduce la capacidad de ahorro e inversión de las generaciones más jóvenes, perjudicando así su futuro financiero y la dinamización del capital.
Según Galloway, el problema no está en la protección de las personas vulnerables que efectivamente necesitan complementos o prestaciones públicas para garantizar un mínimo vital, sino en el mantenimiento de pensiones públicas plenas para jubilados cuya situación económica ya es holgada.
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Propuesta de examen de la pensión pública según patrimonio
Más allá de propuestas convencionales como ajustar las cuantías de las pensiones, Galloway plantea introducir un criterio económico que limite o suprima la pensión pública en favor de aquellos jubilados cuyo patrimonio o renta superen cierto umbral.
Sus cálculos sugieren que esta medida afectaría aproximadamente entre un 10% y un 30% de beneficiarios, quienes podrían prescindir de la pensión pública sin comprometer su bienestar financiero.
Este enfoque significaría un cambio radical en el sistema, que hasta ahora ha vinculado la prestación a las cotizaciones del trabajador durante su vida laboral, sin evaluar otras fuentes de ingreso o la riqueza acumulada.
Las nuevas generaciones enfrentan mayores dificultades para acumular patrimonio
El argumento central de Galloway reside en la dificultad que tienen las personas jóvenes para construir riqueza propia, lastradas por factores como el acceso a la vivienda, que requiere un ahorro inicial elevado y obligaciones financieras prolongadas, ya sea mediante hipotecas o alquileres de alto coste.
En España, la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España subraya esta problemática, evidenciando que muchos jóvenes destinan gran parte de sus ingresos a costear alojamiento, dejando menos margen para el ahorro para la jubilación.
Al mismo tiempo, deben contribuir al mantenimiento de las pensiones actuales mediante sus cotizaciones, incrementando esta carga en un sistema demográfico cada vez más complejo.
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El reto del equilibrio entre contribuyentes y pensionistas
Los sistemas de reparto de pensiones se sustentan en la relación entre trabajadores y pensionistas, y actualmente esta relación se está desequilibrando de manera crítica.
El descenso de la natalidad reduce la incorporación de nuevas generaciones al mercado laboral, mientras que el aumento de la esperanza de vida alarga en el tiempo el período durante el cual se perciben las prestaciones, exigiendo un mayor gasto público continuado.
Para Galloway, es imprescindible una reforma profunda que impida que los recursos públicos contribuyan a aumentar la riqueza de quienes ya cuentan con una posición económica privilegiada, permitiendo así un reparto más justo y sostenible.
Sin embargo, subraya la dificultad política y social de implementar una medida así, que requeriría voluntad y consenso firmes para afrontar el desafío de fondo que supone la sostenibilidad de las pensiones en un mundo cada vez más envejecido.
