Vicente Carrasco, agricultor de 37 años, ha dedicado toda su vida a trabajar la tierra en Alaejos, una pequeña localidad en la provincia de Valladolid con apenas 1.427 habitantes. Su explotación abarca un total de 300 hectáreas repartidas entre Alaejos (60 hectáreas) y Castronuño (240 hectáreas, a 11 kilómetros), donde cultiva principalmente cereal y patata.
El coste anual para mantener estas tierras supera los 200.000 euros, cantidad que destina a gastos imprescindibles como el gasóleo para sus tres tractores, la amortización de maquinaria, adquisición de semillas, reparaciones, seguros y cotizaciones a la Seguridad Social. A pesar de este gran desembolso, los ingresos anuales en un año normal alcanzan solamente entre 20.000 y 25.000 euros. «Por ahora, con eso nos da para vivir», explica Vicente.
La principal causa del encarecimiento de sus costes son los precios del gasóleo y de los fitosanitarios. «Antes el combustible para llenar los depósitos de los tractores o para el riego suponía un gasto de unos 1.000 euros por 2.000 litros, pero ahora el costo puede superar los 2.000 euros», detalla. Este aumento significativo en el precio del gasóleo agrícola está generando una fuerte presión sobre el presupuesto del campo.
Además de la presión económica, Vicente debe hacer frente a las circunstancias meteorológicas adversas. Este año ha sufrido una pérdida del 50% en la producción de cereal, un golpe duro cuyos efectos económicos no podrá evaluar hasta que termine el ejercicio.
Una realidad común en el campo español
El caso de Vicente no es una excepción dentro del sector agrícola español. Mientras él apenas logra un ingreso anual que ronda los 25.000 euros, otros agricultores españoles instalados en el extranjero, como Mario, que trabaja en Australia, declaran ingresos mensuales que alcanzan los 6.800 euros, lo que puede evidenciar diferencias notables en rentabilidad y estructura de costes.
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Por otro lado, una empresa ganadera familiar en España con 720 ovejas y 300 vacas revela que entre el 70 y el 80% de sus ingresos se destinan a cubrir gastos. Sin embargo, esta proporción no puede extrapolarse directamente a la explotación de Vicente ya que su estructura y cultivos difieren.
Otra problemática que ilustra la dificultad del sector es la gran diferencia entre el precio que recibe el agricultor y el que paga el consumidor final. Por ejemplo, Pascual Cabedo, agricultor especializado en cebollas, señala que mientras él vende su producto a 9 céntimos por kilo, en supermercados su precio alcanza casi los 2 euros, una diferencia de más de veinte veces en el valor final.
Este desfase incrementa la complejidad económica para agricultores como Vicente, quien asegura que «la dificultad principal radica en el crecimiento de los costes de producción, mientras que los precios de venta permanecen estancados desde hace años». Para hacer frente a esta situación, el agricultor reconoce estar recortando gastos, reduciendo labores y disminuyendo el uso de abonos, medidas que podrían comprometer la calidad y cantidad de la producción a largo plazo.
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El futuro del campo y el desafío del relevo generacional
Vicente comenta que las pequeñas explotaciones agrícolas están desapareciendo porque no son rentables, un síntoma de la crisis estructural que afecta al sector. En su caso, mantener la rentabilidad requiere que las condiciones climáticas sean favorables para obtener una buena cosecha, algo que este año no ha ocurrido.
La presión económica, sumada a la amenaza de una producción menguante y unos costes crecientes, hace peligrosa la viabilidad de su explotación, y por extensión, la continuidad de actividades agrícolas en zonas rurales como la suya. Además, el relevo generacional en el campo depende de que la ecuación de ingresos y gastos sea sostenible.
Su llamamiento es claro: sin una mejor relación entre costes y precios, y sin condiciones climáticas óptimas, el sector agrícola español seguirá enfrentando serias dificultades para sobrevivir, a pesar de ser esencial para la alimentación y la economía local.
Imagen por Bruce Squiers vía Pexels
