En España, la jubilación anticipada implica una penalización económica considerable que refleja la normativa vigente de la Seguridad Social. La edad legal de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, pero aquellos que decidan retirarse antes deberán aceptar una reducción de su pensión de por vida.
La Ley General de la Seguridad Social establece coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión en función del adelanto en el retiro laboral. En la modalidad de jubilación anticipada voluntaria, la reducción puede alcanzar hasta el 21% si se anticipa el retiro dos años y el trabajador no alcanza los 38 años y medio cotizados. En caso de jubilación forzosa por causas ajenas al empleado, dicha penalización puede subir hasta un 30% en el máximo supuesto.
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, destaca que «cuanto más se adelante la jubilación, mayor será la penalización en la pensión» y aconseja evaluar si merece la pena esperar algunos meses para solicitar la jubilación, ya que el coeficiente reductor disminuye notablemente cuanto más cerca se esté de la edad ordinaria. Esta recomendación cobra importancia especialmente para quienes tienen pensiones basadas en bases reguladoras elevadas.
Para ejemplificar el impacto, adelantar la jubilación un mes puede suponer una reducción de entre el 2,81% y el 3,26% en la pensión dependiendo de los años cotizados. En concreto, con una base reguladora de 2.000 euros y un coeficiente reductor máximo del 21%, retirarse dos años antes implica un descenso de la pensión mensual hasta los aproximadamente 1.580 euros. Si la reducción es menor, en torno al 11%, la pensión quedaría cercana a los 1.780 euros.
Para quienes se plantean la jubilación anticipada, es aconsejable agotar la prestación contributiva por desempleo, ya que durante este periodo se mantiene la cotización para la pensión. Así lo contempla el SEPE, que explica cómo se conservan estos derechos y puede beneficiar a quienes quieren retrasar la fecha efectiva de su jubilación.
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En un intento por suavizar estas penalizaciones, el Congreso aprobó en septiembre la tramitación de una proposición de ley que eliminaría los coeficientes reductores para trabajadores con 40 o más años cotizados, permitiéndoles jubilarse anticipadamente sin pérdida en la pensión bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales ha frenado el proceso legislativo, por lo que actualmente no existe ese derecho vigente.
Más de 95.000 jubilados anticipados con complemento
Según datos recientes, en mayo de 2026 había 95.499 trabajadores que habían accedido a la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados y que reciben un complemento para mitigar los recortes de su pensión. Cotizar cuatro décadas en el sistema, que en 2026 exige 36 años y seis meses para alcanzar el 100% de la base reguladora, supone haber superado con creces los mínimos necesarios. Sin embargo, este amplio recorrido no elimina necesariamente la penalización por adelantar la jubilación.
El peso de las jubilaciones anticipadas ha disminuido en los últimos años. Mientras que en 2019 representaban alrededor del 40% del total de jubilaciones nuevas, en los primeros siete meses de 2024 bajaron hasta el 28,6%. Este descenso coincide con las reformas introducidas en el sistema de pensiones y con un aumento de jubilaciones demoradas.
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El principal desafío para el sistema sigue siendo el elevado gasto en pensiones. Las transferencias del Estado para cubrir este coste constituyen una parte sustancial del déficit público, reflejando la presión financiera que soporta la seguridad social española en la actualidad.
Imagen: Kampus Production vía Pexels
