La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral ha llegado a los tribunales españoles, y las primeras sentencias parecen favorecer a los trabajadores frente a las empresas que apoyan despidos alegando sustitución tecnológica.
El Tribunal de Instancia de Bilbao ha dictaminado que el despido de un delineante mecánico, ocurrido en octubre de 2025, es improcedente a pesar de que la empresa fundamentó la medida en la implantación de herramientas tecnológicas que reducían el coste de su trabajo en más del 80%.
Un despido basado en causas económicas, técnicas y organizativas
La compañía alegó que estaba transformando el departamento de ingeniería mediante el Model Based Definition (MBD) y tecnologías de diseño asistido por IA, capaces de incorporar información técnica directamente en los modelos 3D, lo que disminuía entre un 75% y un 95% el tiempo requerido para preparar planos.
En términos económicos, la empresa destacó que mientras la licencia anual del software especializado costaba 4.725 euros, el salario bruto anual del trabajador ascendía a 29.871 euros, lo que justificaba un ahorro que superaba el 80% y definía la posición del delineante como obsoleta desde el punto de vista estructural.
Además, la empresa argumentó dificultades económicas, apuntando a una caída de la contratación anual de 75,63 millones de euros en 2024 a 15,7 millones en 2025, frente a una previsión de 33,3 millones.
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Falta de pruebas convincentes de la empresa
Sin embargo, el tribunal constató que la compañía no pudo aportar documentación contable sólida o pública que confirmara la situación económica alegada. Tampoco se demostró que la nueva tecnología estuviera plenamente implementada y operativa en el momento del despido.
Una empleada admitió haber recibido formación en MBD, pero aseguró no haberla utilizado. Por su parte, el director de Ingeniería Mecánica explicó que solo se habían hecho pruebas con IA, sin constar su uso real para sustituir al empleado.
Un informe clave para justificar el despido, fechado en junio de 2026, siete meses después del despido, fue descartado como evidencia válida para demostrar la situación en octubre de 2025.
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La documentación más cercana a la fecha del despido reflejaba que la empresa aún evaluaba diferentes soluciones de diseño asistido por inteligencia artificial, sin confirmar una sustitución tecnológica real y consolidada.
Resolución judicial y consecuencias para la empresa
El tribunal no consideró que hubiera vulneración de derechos fundamentales del trabajador, pero declaró improcedente el despido por no quedar acreditadas las causas alegadas.
La empresa deberá elegir entre la readmisión del delineante o abonar una indemnización de 12.330,56 euros. Deducidos los 6.452,85 euros ya pagados, quedaría un importe pendiente de 5.877,71 euros o bien el pago de salarios desde octubre de 2025 si opta por la reincorporación, calculados en 80,07 euros diarios.
La sentencia admite recurso de suplicación, por lo que el caso podría avanzar ante instancias superiores.
El impacto de la IA en el empleo: amenaza y oportunidad
Este caso se enmarca en un contexto global donde numerosas empresas buscan automatizar tareas y reducir costes mediante la inteligencia artificial, lo que genera incertidumbre laboral.
Aunque algunas cifras alarmistas circulan, como la supuesta pérdida de 14 millones de empleos globales o 78.000 puestos tecnológicos en Estados Unidos en el primer semestre de 2025 atribuidos a la IA, estas no cuentan con evidencia contundente que relacione directamente esas bajas al uso de esta tecnología.
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Según el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial, que analiza las expectativas de más de 1.000 empresas con representación sobre 14 millones de empleados, el 41% de los empleadores planea reducir plantilla en áreas donde la IA pueda replicar el trabajo humano, pero el 77% también pretende capacitar a sus trabajadores para adaptarse a las nuevas tecnologías.
El mismo informe proyecta que para 2030 se podrían eliminar o desplazar 92 millones de empleos, pero simultáneamente crearse 170 millones, generando un saldo positivo neto de 78 millones de nuevos puestos de trabajo.
Este caso judicial subraya la urgencia de garantizar que los procesos de automatización se apliquen con responsabilidad y transparencia, respetando los derechos laborales y corroborando con pruebas reales las causas de los despidos relacionados con la tecnología.
