La búsqueda de vivienda en España continúa siendo un desafío angustiante para miles de personas, con altos niveles de estrés y ansiedad para quienes intentan comprar un piso. Esta situación, lejos de mejorar, se agrava debido a la insuficiente respuesta del mercado inmobiliario y las políticas públicas vigentes.
Así lo ha expresado de manera contundente el economista Gonzalo Bernardos durante su intervención en el programa de debate «laSexta Xplica». Bernardos no solo criticó el escaso desarrollo de vivienda protegida en las últimas décadas, sino que también cuestionó las estrategias impulsadas durante los últimos años, lanzando una frase que resume su frustración: «Nos toman el pelo y nos lo toman mucho».
Para fundamentar su análisis, Bernardos recurrió a una comparación histórica que evidencia la falta de progreso. Mientras que en los años noventa España inició la construcción de más de 205.000 viviendas con una población de 39 millones, en 2025 se estima que se comenzarán alrededor de 133.000 viviendas, pese a que la población supera ya los 49 millones de habitantes. Más alarmante aún es el dato de que solo unas 12.000 de estas viviendas serán protegidas, un número claramente insuficiente frente a la demanda.
La vivienda protegida, un modelo en retroceso
Bernardos destacó con firmeza la dramática reducción en la construcción de vivienda protegida en España. Aunque las instituciones aseguran promover este tipo de vivienda, los datos oficiales desmienten esta afirmación.
Desde 1991 hasta la actualidad, solo se han construido aproximadamente 1,5 millones de viviendas protegidas. En contraste, entre 1968 y 1990 se levantaron casi 3,3 millones de viviendas con protección oficial. En total, desde finales de los años sesenta España construyó cerca de 4,81 millones de viviendas protegidas, pero gran parte de este parque ha ido saliendo del régimen especial para integrarse en el mercado libre.
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Urbanismo y tamaño de las viviendas, regulaciones desfasadas
Bernardos también atacó las normativas urbanísticas, especialmente aquellos estándares que obligan a que las viviendas mínimas tengan dimensiones superiores a lo necesario para las familias actuales. «¿Por qué exigen que una vivienda mínima sea de 80 metros cuadrados? Porque los políticos, sin importar el partido, viven en otra galaxia y creen que todas las familias son de cuatro o cinco miembros», afirmó con dureza.
Este planteamiento se basa en un cambio demográfico evidente: actualmente, el tamaño medio de los hogares en España es inferior a dos personas y media por vivienda, una realidad que no se refleja en las políticas de vivienda. Bernardos propone fomentar viviendas más pequeñas, que resulten accesibles para los jóvenes, quienes podrían conformarse con alojamientos de 40 metros cuadrados para su primera compra.
En referencia a los responsables políticos en esta materia, lanzó una crítica contundente: «Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera».
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Parque público insuficiente frente a Europa
España sigue lidiando con un parque de vivienda social muy reducido, que apenas supera el 2,5% del total de viviendas disponibles. Esta cifra contrasta con la media europea, que ronda el 9%. Además, el porcentaje de vivienda protegida en las nuevas construcciones ha caído considerablemente; en 1981, casi la mitad de las viviendas nuevas tenían algún tipo de protección, mientras que en 2019 no alcanzaban el 9%.
Planes y promesas del gobierno: escasa concreción y ejecución
Los gobiernos de Pedro Sánchez han anunciado múltiples planes para ampliar el parque de vivienda pública y asequible, pero las cifras reales reflejan un avance limitado. Entre 2018 y 2025 se han hecho promesas que oscilan entre 20.000 y 244.000 viviendas públicas, complementadas con iniciativas como la Ley estatal de Vivienda y el PERTE para la industrialización de la construcción con una inversión de 1.300 millones de euros.
Sin embargo, a finales de 2024, del plan más ambicioso que incluía 184.000 viviendas, solo se habían movilizado unas 80.745 y otras 59.879 seguían en trámites administrativos, sin datos fiables sobre las entregas efectivas. De las 244.000 viviendas públicas prometidas, apenas unas 350 se habían entregado, evidenciando un enorme desfase entre lo anunciado y lo construido.
Del mismo modo, el plan financiado con fondos europeos para impulsar 25.000 viviendas sociales también avanza más lento de lo previsto, con muchos proyectos aún en fases preliminares o con retrasos administrativos.
