Jesús Rodríguez, propietario y profesor de la Autoescuela Saltés en Huelva, denuncia la crítica situación que atraviesa el sector debido al bloqueo en la realización de los exámenes prácticos de conducir. Aunque disponen de alumnos, vehículos y docentes, la imposibilidad de acceder a fechas para las pruebas prácticas mantiene paralizadas las clases y las autoescuelas al borde del colapso económico. En Huelva ya hay más de 4.500 personas en lista de espera para examinarse, mientras que en toda Andalucía la cifra supera los 82.000 aspirantes, según datos de julio de 2026.
El problema responde a una cuestión estructural de plantilla. La actual plantilla de examinadores no se ha adaptado al crecimiento poblacional ni a la demanda acumulada. En 2025, el director general de Tráfico, Pere Navarro, admitió que el número de examinadores estaba diseñado para una población de 40 millones, mientras España supera ya los 49,8 millones de habitantes. Además, la carga de trabajo por examinador ha disminuido de 16 a 12 pruebas diarias, reduciendo aún más la capacidad total del sistema.
Para paliar la situación, la Administración ha aprobado una ampliación de 130 plazas para examinadores, convocando 100 plazas de acceso libre y 48 de promoción interna. Sin embargo, esta respuesta resulta insuficiente ante la acumulación de 82.000 alumnos solo en Andalucía en espera para realizar el examen práctico, un desfase que provoca serias consecuencias económicas para las autoescuelas.
Jesús explica con firmeza que ante la imposibilidad de que sus alumnos se examinen, estos dejan de acudir a las clases prácticas, lo que significa que dejan de pagar sus cuotas. Mientras tanto, él tiene que seguir afrontando los pagos fijos: la financiación del vehículo, la Seguridad Social de sus empleados y el mantenimiento de la flota. Fernando Lara, otro representante del sector, apunta que disponer de 50 coches resulta inútil si no hay convocatoria para examinar, lo que incrementa la capacidad ociosa y agrava la crisis.
Rubén Albendín, aspirante a policía local, ejemplifica el impacto de esta problemática en el ámbito laboral. Tras superar la prueba en circuito cerrado, suspendió la prueba de circulación y fue relegado a una lista de espera de tres a cuatro meses, con la próxima oportunidad fijada para noviembre. En muchos empleos públicos y profesionales, tener el carnet de conducir es un requisito básico, por lo que la demora en obtenerlo se traduce en un obstáculo directo para la inserción laboral de miles de jóvenes.
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Ante esta situación, las autoescuelas de Andalucía protagonizaron el pasado 17 de julio una manifestación histórica, reuniendo a más de 1.000 personas que exigieron a la Dirección General de Tráfico medidas eficaces. Entre las propuestas destacan tres líneas de acción: en primer lugar, mejorar la organización habilitando sábados y tardes para realizar exámenes de vehículos pesados, motos y oposiciones; en segundo lugar, aumentar progresivamente la plantilla de examinadores para adecuarla a la demanda actual; y, en tercer lugar, explorar alternativas institucionales que permitan ampliar la capacidad de convocatoria y reducir las colas de espera.
La DGT ha impulsado un Plan de Refuerzo Operativo (PRO), que permite celebrar exámenes en fechas no convencionales, incluidos algunos sábados, pero para el sector esta medida es insuficiente para desbloquear el atasco existente. Además, hace unas semanas la DGT anunció la publicación del porcentaje de aprobados por autoescuelas y jefaturas de tráfico, buscando mayor transparencia, aunque esta iniciativa no ataja el problema estructural de saturación.
El fondo del embrollo radica en la obsolescencia de un sistema dimensionado para otra realidad demográfica y con un volumen de plazas que no corresponde a la verdadera demanda. Mientras la administración avanza en convocatorias y ampliaciones, las autoescuelas continúan soportando elevados costes sin los ingresos necesarios, afrontando el riesgo de quiebras que podrían afectar gravemente a un sector esencial para la formación vial y la inserción laboral.
