Esta mañana se ha conocido a través de The Guardian que la Agencia Tributaria británica (HMRC) ha decidido no imponer ninguna sanción a Angela Rayner tras regularizar un adeudo extra de 40.000 libras en concepto de impuesto de timbre (stamp duty) relativo a la compra de un piso en Hove.
La ausencia de penalización ha sorprendido a expertos legales y fiscales, que habían previsto un castigo por «descuidado» bajo la Ley de Finanzas de 2007, esperándose una multa aproximada del 20%, equivalente a unos 8.000 euros. Sin embargo, el equipo legal de Rayner afirma que hechos no públicos modifican esta valoración.
Este cambio de criterio ha sido explicado por su abogado, Graham Aaronson KC, quién asegura que el informe público de Sir Laurie Magnus omitió elementos esenciales que justifican que Angela Rayner tomó las precauciones adecuadas y recibió asesoramiento legal válido, eximiéndola de culpa en términos fiscales. No obstante, los documentos que soportarían esta versión no han sido desvelados por el equipo de Rayner, lo que impide una verificación independiente.
El caso gira en torno a la adquisición de la vivienda en Hove, para la que inicialmente Rayner abonó el impuesto de timbre al tipo estándar, aproximadamente 30.000 libras, en lugar del tipo más elevado del 5% adicional contemplado para segundas residencias. Esta circunstancia desembocó en una investigación tras la sospecha de un error.
La compra se complicaba por la venta paralela de la participación restante en su casa familiar de Ashton-under-Lyne a un fideicomiso creado para su hijo con discapacidad. Aunque su agente inmobiliario y un abogado especialista en fideicomisos le indicaron que el tipo estándar se aplicaba, ambos le advirtieron que no era asesoría fiscal especializada y recomendaron consultar con un especialista, algo que Rayner no hizo antes.
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Tras el escándalo, Rayner contrató el asesoramiento de un barrister fiscal, quien concluyó que el tipo más alto era aplicable debido a la regla legal conocida como «deeming rule», que considera que Rayner seguía siendo propietaria a efectos fiscales de la vivienda del fideicomiso.
Por ello, decidió abonar un importe extra de 40.000 libras para evitar litigios mayores, aunque, según sus abogados, no hubo una infracción intencionada ni negligencia culpable.
Sin embargo, el informe público de Sir Laurie Magnus sostuvo que Rayner fue «descuidada» al no solicitar asesoría fiscal especializada pese a haber recibido advertencias claras al respecto, lo que para algunos justifica la imposición de una multa.
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El equipo legal de Rayner sostiene que un análisis detallado de las comunicaciones y asesorías legales demuestra que recibió un consejo jurídico determinante indicando que el tipo estándar era correcto para su caso, invalidando la tesis de desatención.
El periodista Dan Neidle, experto en fiscalidad, señala que sin que se faciliten los documentos originales, la versión de Aaronson debe ser tomada como una posibilidad sin confirmación objetiva, dado que HMRC está obligado a guardar confidencialidad sobre los casos individuales.
Este escenario genera un dilema: tender a creer el exhaustivo informe público basado en las evidencias conocidas, que recomienda penalización, o aceptar la versión privilegiada del equipo de defensa de Rayner, que reclama inocencia basada en pruebas no públicas.
Desde el punto de vista legal, el núcleo de la controversia se basa en si el asesoramiento recibido por Angela Rayner fue suficiente para el cuidado necesario exigido a un contribuyente en su situación. Las normas legales permiten apoyarse en expertos, pero no cuando los consejos están respaldados por importantes advertencias o limitaciones, como era el caso según Sir Laurie Magnus.
Esta disputa pone en relieve las complejidades y lagunas de la normativa sobre la compra de segundas residencias y los fideicomisos involucrados en situaciones familiares, así como las dificultades en evaluar la «culpa» o negligencia en materia tributaria cuando el asesoramiento es ambiguo.
Un análisis técnico adicional al final del caso confirma que el argumento de que el tipo estándar era el correcto es jurídicamente débil y difícilmente sustentable en tribunales superiores, aunque el coste y complejidad de un litigio a nivel Supremo hacen improbable que se avitase.
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El caso ha abierto un debate sobre la transparencia y exigencia a los políticos en cuestiones fiscales, y se sugiere que, para disipar dudas y recuperar la confianza, Angela Rayner debería publicar los documentos que probarían su diligencia y justifican la decisión de HMRC de no sancionarla.
Por su parte, el despacho de Sir Laurie Magnus ha declinado hacer comentarios al respecto, dejando la controversia abierta y bajo análisis público y profesional.
En resumen, mientras que la regularización tributaria se ha cumplido y no hay acusaciones de evasión o fraude, la naturaleza de la conducta y la legitimidad de la decisión administrativa permanecen en cuestión debido a la falta de acceso a toda la información.
Este episodio es un ejemplo de cómo, en temas fiscales complejos, la interpretación del cumplimiento varía sustancialmente según los documentos y la perspectiva adoptada.
